Por segundo fin de semana consecutivo, el estado de Veracruz vivió una jornada de verdadero terror. Los diarios y las redes sociales dieron puntual seguimiento a más de 16 ejecuciones en distintos puntos de la entidad, con lo que las cifras nos mantienen como el estado más violento del país, aunque para el gobernador esto sea, como lo declaró la semana anterior, una tontería.
En distintos foros, ante la violencia imparable que sigue cobrando víctimas, he propuesto la designación de un Comisionado Federal de Seguridad, que se encargue de diseñar y ejecutar una verdadera estrategia de seguridad pública, atendiendo fundamentalmente las tareas de prevención e inteligencia. A esta propuesta se sumó la semana pasada la diputada federal de Morena, Rocío Nahle.
Esta solicitud ha abierto el debate sobre las condiciones de inseguridad que vive el estado y la urgente necesidad de que intervenga el gobierno federal para frenar la violencia que se traduce en homicidios, secuestros, extorsiones, robos a bancos y casas habitación, así como a transporte y comercios. Las cifras ya las conocemos.
Por eso, la pregunta es si el estado de Veracruz necesita la presencia de un Comisionado Federal de Seguridad como sucedió en el estado de Michoacán hace algunos años. La respuesta es, absolutamente sí.
En Veracruz, y en la mayoría de sus municipios, se han presentado manifestaciones de debilidad institucional, lo que ha propiciado diversas expresiones violentas de la delincuencia organizada y de otros grupos armados. Esto ha ocasionado un evidente debilitamiento del Estado de Derecho en el que se deben desarrollar las relaciones entre el gobierno y millones de veracruzanos.
Sólo que hay una diferencia sustancial. Con el legítimo interés de resolver un conflicto social que había rebasado a su gobierno, Michoacán pidió la intervención del gobierno federal. Hoy, unos años después, las condiciones de gobernabilidad son muy distintas y aquél estado se ha ido recuperando el orden y la tranquilidad.
La figura del Comisionado Federal de seguridad no es contraria a la ley ni vulnera la autonomía de nuestra entidad federativa, ya que las tareas de coordinación para la protección y defensa de los ciudadanos ante situaciones de excepción como la que vivimos están consideradas en nuestra Constitución y en la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte, la cual señala que "es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública".
De acuerdo al Decreto por el que se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, esta tendría por objeto ejercer la coordinación de todas las autoridades federales para el restablecimiento del orden y la seguridad en el Estado –en este caso de Veracruz-, y su desarrollo integral, bajo un enfoque amplio que abarque los aspectos políticos, sociales, económicos y de seguridad pública de dicha entidad federativa.
De esta forma, el Comisionado que sea designado para atender la crisis de seguridad en el estado de Veracruz podrá “formular y ejecutar políticas, programas y acciones orientadas a la prevención de delitos, fortalecimiento institucional, reconstrucción del tejido social, restablecimiento de la seguridad y desarrollo integral del estado, y aplicarlas en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales”.
Además, esto no implicaría tampoco un costo económico para la administración pública estatal, ya que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Comisión General de la Policía Federal (PF) deberán prestar el apoyo de recursos humanos, materiales, financieros, técnicos y presupuestarios que requiera el Comisionado para el cumplimiento de sus funciones.
El actual Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, ha solicitado al menos tres ocasiones la presencia de este Comisionado Federal de Seguridad. Lo hizo como diputado federal en el año 2014 y más tarde como candidato y Gobernador electo en el año 2016. Hoy la incidencia delictiva es mucho mayor que en las tres ocasiones que él lo propuso.
Sin duda, son los temas electorales y no la seguridad de los veracruzanos lo que mueve el ánimo de quien hoy ha permitido que nuestro estado se convierta en un infierno. El Comisionado Federal de Seguridad es la solución que Veracruz necesita.
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