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Xalapa, Ver.- (Diario de Xalapa) El juez Marco Antonio Rodríguez Lobato encontró elementos suficientes para vincular a proceso a la aspirante a candidata a la gubernatura por la vía independiente Marisol “N”, quien es imputada por el delito de privación ilegal de la libertad junto con seis personas más.
Los otros vinculados son Martín “N”, Alan “N”, Felipe “N”, José Luis “N”, Lucas “N” y Eduardo Javier “N”.
Al final de la audiencia la Fiscalía General del Estado dio a conocer que el menor secuestrado ya apareció y el 2 de diciembre se llevó a cabo una diligencia y éste identificó a Marisol “N” como uno de sus presuntos secuestradores.
Sin embargo, por la premura del tiempo y toda vez que los imputados renunciaron a la duplicidad del término constitucional no se aceptó esa prueba para considerarla dentro de la vinculación a proceso y se deberá presentar en el momento procesal oportuno.
Al final de la audiencia Marisol “N” refirió que le han pedido que se declare culpable y al no poder declarar a la prensa entregó mediante su abogado defensor una carta a los medios de comunicación. En su escrito aseguró que le fabricaron el delito y que estuvo sometida a diversas irregularidades y por eso tramitó un amparo ante la justicia federal.
De acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado Marisol “N”, José Luis “N” y Lucas “N” acudieron hasta el domicilio del menor de identidad reservada en la comunidad de Gutiérrez Zamora, del municipio de Chiconquiaco, para cometer el acto de privación ilegal de la libertad.
Los hechos ocurrieron el pasado 12 de octubre, fecha en la cual refieren los afectados que un automóvil gris con tres personas a bordo estuvo parado a las afueras de su domicilio en incluso les fue reportado por algunos vecinos esa situación.
Alrededor de las 23:00 horas una señora que vendía trastos de plástico tocó a la puerta y fue cuando la mamá del menor vio el coche y después de esto tocaron a la puerta y una mujer con placa de policía vestida de negro que se identificó como perito preguntó por Rosalba Ochoa, que también les dijo que tenía una orden de aprehensión contra su hijo y la mamá del menor le preguntó que cuál de sus dos hijos y le indicó que el grande, por lo que la mamá del menor, de identidad resguardada, le solicitó le mostrara la orden.
Toda vez que la mujer le dijo que no la tenía en la carpeta, pero que iría por ella se encaminó al carro, pero de éste descendieron dos hombres encapuchados con armas, quienes ingresaron al domicilio y le dijeron a su hija que se iban a llevar a su hermano y que no intentaran hablar a la policía.
Le preguntaron a la hermana si tenía teléfono celular y ésta respondió que no, pero uno de los hombres vio el teléfono de casa y les dijo a los otros dos que seguramente el menor secuestrado se sabía el número y que estuvieran pendientes porque les iban a llamar.
Refirieron que no vieron qué rumbo tomó el automóvil, pero una vecina vio desde su ventana todo y como es esposa del comandante de Chiconquiaco habló a la comandancia para reportar los hechos.
Al llegar el comandante a la casa de los padres del menor de identidad resguardada les preguntó sobre el carro y le dijeron que era un vehículo gris, a lo que les comentó que él se había topado con ese automóvil, por lo que salió rumbo a Misantla para buscarlo, pero no encontró nada y decidió regresar hacia Chiconquiaco.
Ahí fue donde se encontraron con el auto señalado y la mamá de la víctima identificó directamente a Marisol “N” como la mujer que momentos antes había ido a su domicilio.
Sin embargo, la defensa argumenta que Marisol “N” luego de sufrir un accidente en el auto marca Aveo gris tomó un taxi con dirección a Naolinco, a bordo de éste pide un celular para hacer una llamada y en Acatlán sube al taxi otra persona que era conocido de Marisol “N”, ambos se quedan en Naolinco.
Ahí Marisol “N” junto con su acompañante y de acuerdo con otro testigo preguntan por una farmacia, sin embargo les indican que sólo hay una a la salida de ese municipio, pero está lejos del lugar donde se encuentran, que es la estatua del Zapatero.
Alrededor de las 10:00 o 10:30 de la noche los imputados Alan “N” y Eduardo “N” estaban jugando a las afueras de una tienda en la calle Oaxaca cuando llegó a bordo de una camioneta roja Felipe “N” para pedirles ayuda porque un vehículo se había salido del camino en la zona de Chiconquiaco, cuando éstos se encontraban en compañía de otro amigo de apodo Payaso, el cual no fue en apoyo del vehículo, pues dijo que estaba en chanclas.
Otros testigos confirman la versión e incluso una de las testigos aseguró que habló con José Luis “N”, quien le llamó para preguntarle por dónde podía llegar a Naolinco, ya que un vehículo obstruía el paso hacia ese municipio e incluso ofreció a petición de la defensa que se puede pedir el registro de sus llamadas, pues esto fue a las 11:00 horas, tiempo en que el ahora imputado le comentó a la testigo que estaba por el lugar conocido como El Esquilón.
A pesar de que a la hora del secuestro los imputados dicen haber estado en otro lugar, el juez consideró que había elementos suficientes para vincular a proceso y otorgó además del año de prisión preventiva dos meses para la investigación complementaria, no accediendo a lo solicitado por la Fiscalía que era de cuatro meses.
CARTA DE MARISOL
Luego de que los siete imputados fueran vinculados a proceso, Marisol “N” entregó una carta —escrita de su puño y letra— mediante la cual refiere que sabía que era señalada por el delito de privación ilegal de la libertad e indica que desde que dio a conocer la intención de participar en el proceso electoral 2017-2018 ella y su familia han padecido intimidaciones y amenazas.
En esta misiva dice que el 12 de octubre derivado de un accidente ella y los integrantes  de la asociación civil que preside sufrieron una detención ilegal.
Comenta que el pasado 15 de octubre el juez Marco Antonio Rodríguez Lobato resolvió la ilegal detención.
Pero también señala que el mismo juez en audiencia de fecha 30 de noviembre del presente año, sólo un par de días después de haber entregado la documentación correspondiente como aspirante a la candidatura para la gubernatura del estado de Veracruz, le dicta la prisión preventiva oficiosa por un año.
Asegura en su carta que nunca cometieron ella y los integrantes de su asociación el delito de privación ilegal de la libertad y que éste fue fabricado por la propia Fiscalía, policías estatales y municipales, lo cual ya fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Indica que solicita al fiscal general Jorge Winckler que tome cartas en este asunto y que resuelva conforme a derecho, pero además se sancione a las autoridades que resulten responsables de estos hechos.
Refiere en su carta que esos hechos también fueron denunciados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la cual hizo  un atento llamado.
Solicita también en su misiva al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares su intervención y la protección del Estado para ella y sus afectos.
Sostiene que una vez ingresada en el Cereso de Pacho Viejo fue llevada a una celda de castigo, que ha sido torturada y sufrido violencia psicológica, amenazas y quieren se declare culpable de hechos que asegura en su carta no ha cometido.
“Me encuentro  encarcelada, perseguida y acusada inocentemente luchando por mi libertad y los míos por aspirar a un Veracruz mejor, con mi nombre enlodado para desacreditarme”, denuncia.
Aseguró que de continuar esa situación responsabiliza abierta y directamente al Gobierno del Estado de Veracruz, a la Secretaría de Seguridad Pública y policías municipales, estatales y ministeriales y todos cuantos han participado por cualquier cosa que pueda sucederle a ella y a toda su familia.
“Clamo porque esta situación no quede impune como muchos casos más que tienen a personas inocentes encarceladas, así como los muchos presos políticos como yo, que estamos privados de nuestra libertad”, expresa en su carta luego de escuchar que era vinculada a proceso.

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