A las 5:38 de la mañana de este miércoles quedaron vinculados a proceso 16 expolicías y tres exmandos de la Secretaría de Seguridad Pública. Se concedió cuatro meses de investigación complementaria.
La jueza Alma Aleida Sosa Jiménez resolvió vincular a proceso a los tres mandos policiacos y a los 16 expolicías que eran parte de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa y a quienes se les imputa el delito de desaparición forzada de personas en agravio de 15 víctimas que fueron desaparecida, mientras uno de los mandos policiacos era el titular de esa secretaría y a las cuales se les instruye el proceso 22/2018 y quienes ya poseen medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo lo que dure el proceso.
La madrugada de este miércoles también se ordenó abrir una carpeta de investigación de los medios informativos que publicaron datos y nombres de los imputados.
Cabe destacar que al inicio de esta audiencia de vinculación a proceso hubo queja de la defensa de los imputados por la divulgación de los datos personales de los imputados y solicitaron además de entregarles una lista de los medios de comunicación presentes en esta audiencia se diera lectura al artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) donde se habla de que los imputados tienen derecho a la intimidad y a la protección de sus datos personales por lo que se leyó a los medios de comunicación el mencionado artículo.
Luego de ese señalamiento la defensa de los tres exmandos policiacos y de los 16 expolicías solicitaron la anulación de la audiencia de vinculación a proceso toda vez que aseguran la Fiscalía General del Estado no la solicitó en el momento procesal oportuno, sin embargo, esto esta fue aceptada por la juzgadora sin embargo desechó la solicitud de nulidad por improcedente pues consideró que no existía violación al debido proceso ni a los derechos humanos.
Mientras estuvo la audiencia afuera del recinto judicial de las salas de juicios orales a las afueras se manifestaron los integrantes de los colectivos Solecito, Enlaces Xalapa y Pedro Mávil, quienes pidieron que se esclarezca dónde están los desaparecidos y en todo momento insistieron que “vivos se los llevaron y vivos los queremos”.
Los familiares de desaparecidos quienes se mantuvieron a las afueras del recinto lo mismo que los familiares de los imputados quienes también exigieron darles alimentos a sus familiares que se encontraban en audiencia.
Fue el fiscal especial Eduardo Coronel, quién pidió que los 16 policías debían ser vinculados por ser autores materiales de la desaparición forzada de 15 personas especificando de cada uno en que desaparición participó y los tres mandos policiacos de la Secretaria de Seguridad Pública como autores mediatos.
Al momento de realizar la vinculación a proceso entre los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía General del Estado se tiene la declaración de 4 de identidad resguardada quienes formaban parte de la fuerza de reacción y el grupo Tajín.
Además de esto relató que entre los 89 datos de prueba también obran 4 entrevistas a personas que fueron víctimas de este procedimiento de ser levantadas por presuntos vínculos con grupos delictivos y entregados a la fuerza especial quienes los torturaban, pero en estos casos fueron liberados.
Relató que de acuerdo con un testigo de identidad reservada este relató como algunas de las víctimas mujeres eran violadas e incluso se les daban toques esto a pesar de que una era menor de edad en ese entonces y otra fue esposa de uno de estos desaparecidos que incluso en su momento fue elemento de la policía, refiere el relato de la representación social que la esposa de esa víctima fue citada en una tienda y de ahí se le levantó a ella que estaba embarazada y a su menor hijo de 10 meses, pero esto no importó para que fuera vejada y se le propinaron toques.
De acuerdo a lo narrado por la representación social en la vinculación a proceso estas fuerzas ya tenían donde lugares establecidos para interrogar a quienes detenían y uno de estos se encontraba rumbo a Casas Homex en el Camino que va hacia El Castillo.
Las víctimas en su mayoría fueron intervenidas por la Fuerza de Reacción a la altura de El Gallito en el municipio de Banderilla y en la zona de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado. Cabe destacar que los lugares de entrega de las víctimas luego de ser intervenida y con presuntos mensajes y llamadas a un grupo delictivo, fue abajo del puente de la Central de Abastos e incluso la propia Academia de policía de El Lencero.
La FGE insistió que esa política de que la fuerza de reacción era quienes intervenían a las víctimas y luego de detectar a quienes presuntamente eran halcones pedían instrucciones superiores y los entregaban al grupo de la Fuerza Especial en los lugares referidos.
Cabe destacar que además de los testimonios la fiscalía ofreció como datos de prueba tarjetas informativas donde la fuerza de reacción hacía del conocimiento de estos 15 casos a los mandos superiores y posteriormente los entregaba a la fuerza especial.
Las 15 víctimas responden al nombre de Héctor, José, Alberto, José Ulises, Jorge, Liberio, Uriel, Viviana, Antonio, Héctor, Cecilia, Carlos, Humberto, José y Andrés, los cuales fueron relatados en la anterior audiencia de cómo fueron intervenidos y entregados por el grupo de reacción al grupo especial.
La defensa expuso que las tarjetas informativas no tienen sellos, firmas o registros oficiales ni tampoco cuál fue la forma de obtenerlas y a esto también refirió que los testigos de identidad reservada les fue otorgado el criterio de oportunidad, pero la defensa insistió que no se les debió haber otorgado el beneficio de impunidad.
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