*Esta medida pretende dar solución a la problemática que se presenta en un gran número de
familias que no cuentan con escrituras de sus predios.
La diputada MarÃa Elisa Manterola Sainz presentó una iniciativa que adiciona un párrafo
segundo al artÃculo 474 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz con el
propósito de generar seguridad jurÃdica a los poseedores de inmuebles del fundo legal
municipal que tienen en posesión desde hace muchos años.
De esta manera, la legisladora plantea que solo en caso de que se acredite fehacientemente
que la posesión del predio la haya obtenido diez años o más anteriores a la solicitud, el
precio de la venta se ajustará al inicio de aquella, mediante avaluó referido verificado por la
oficina de catastro municipal.
Indicó que el artÃculo 446 del citado Código dispone como atribuciones de los Ayuntamientos
el intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra en el municipio; determinar el valor
de los lotes de su propiedad susceptibles de enajenación, considerando su ubicación y
calidad.
En ningún caso su valor será inferior al valor catastral o fiscal.
Dijo que esta circunstancia impide en algunos casos resolver con equidad y justicia la
situación que priva en diversas familias veracruzanas, porque el valor catastral o fiscal es
exorbitantemente más alto que cuando lo obtuvieron, ya que existen terrenos del fundo legal
que están en posesión de familias que van de los diez a los 30 años y en muchas ocasiones
manifiestan no tener la capacidad económica para realizar la compra del predio de fundo
legal que habitan
Destacó que si bien en la práctica muchos municipios asignan un valor simbólico a los
predios que se enajenan bajo estas condiciones, también es cierto que su especificación en
la norma, da garantÃa y certeza plena a los poseedores de los mismos.
La diputada expuso que esta medida pretende dar solución a la problemática que se
presenta en un gran número de familias que no cuentan con escrituras de sus predios, las
cuales han habitado durante años y que por este motivo se ven imposibilitadas de acceder a
programas de apoyo a la vivienda, además de diversos problemas que trae consigo no
contar con un documento que certifique la propiedad de los inmuebles.
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