Protección Civil prohíbe la venta de cohetes

+ El Ayuntamiento busca prevenir accidentes entre la población, regulando la venta de artefactos explosivos

Martínez de la Torre, Ver.- Tal y como se ha realizado desde el inicio de esta administración, y con la finalidad de prevenir incidentes en los que la población, sobre todo infantil, la Dirección Municipal de Protección Civil, en coordinación con Seguridad Pública y otras corporaciones, continuará realizando operativos para detectar y asegurar pirotecnia que se comercialice de manera ilegal.

Con fundamento en la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, estas dependencias recorrerán  diferentes puntos de la ciudad, entre los que se encuentran el mercado municipal y calles del centro de Martínez de la Torre, donde por lo regular siempre se originan reportes de venta clandestina de cohetes.

De acuerdo a un comunicado emitido por el director de Protección Civil Municipal, Andrés Salazar Ojeda, las indicaciones estrictas del alcalde, Rolando Olivares Ahumada, es que se tomen todas las medidas de prevención para evitar incidentes en los que jóvenes y niños puedan resultar con quemaduras por el uso de artefactos explosivos.

Indicó que hay empresas que obtuvieron sus permisos correspondientes ante autoridades federales para la comercialización de pirotecnia, sin embargo, a nivel municipal no se dará la anuencia para la comercialización de artefactos explosivos.

Cabe mencionar que el Artículo 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que: “Se impondrá de dos a diez años de prisión y de veinte a quinientos días multa a los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos.

Artículo 85 Bis.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a quinientos días multa: I. A quienes fabriquen o exporten armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el permiso correspondiente; II. A los comerciantes en armas que sin permiso transmitan la propiedad de los objetos a que se refiere la fracción I, y III. A quienes dispongan indebidamente de las armas con que se haya dotado a los cuerpos de policía federales, estatales o municipales o al Ejército, Armada o Fuerza Aérea.